Efectividad de las políticas públicas de seguridad nacional en el conflicto armado interno ecuatoriano desde un enfoque constitucional y pragmático

Resumen

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, evidenciada por un incremento del 68% en homicidios durante el primer semestre de 2025 comparado con 2024, afectando particularmente a jóvenes entre 10 y 19 años. Esta situación revela la profunda brecha entre la normativa existente y su aplicación efectiva. A pesar de contar con instrumentos legales como la Ley de Seguridad Nacional y la Política Pública de Seguridad Ciudadana, el país carece de políticas públicas estructuradas que traduzcan estos marcos normativos en acciones concretas y medibles. Las iniciativas actuales se limitan a proyectos legales que no generan implementaciones específicas ni resultados cuantificables. La principal herramienta gubernamental ha sido la declaratoria recurrente de estados de excepción, evidenciando la ausencia de planificación estratégica de largo plazo. Esta dependencia de medidas excepcionales sustituye una política de Estado coherente que articule prevención, control y rehabilitación, resultando en el incremento sostenido de delitos violentos como sicariatos, secuestros y extorsiones. La Ley de Inteligencia, suspendida por la Corte Constitucional, tampoco representa una solución, pues no aborda directamente la prevención del crimen organizado. El ordenamiento jurídico ecuatoriano contrasta con experiencias como El Salvador, donde estrategias integrales han producido resultados medibles. El problema fundamental no radica en vacíos legales sino en la falta de voluntad política para ejecutar estrategias sostenidas con los recursos y normas disponibles. La seguridad requiere convertirse en política de Estado con continuidad institucional, fortalecimiento de capacidades y coordinación interinstitucional efectiva, superando el enfoque reactivo que ha permitido la escalada de violencia a niveles alarmantes.